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El presidente de la Asamblea General instó a los Estados a preservar el derecho internacional y adaptarlo a los retos cambiantes, mientras los delegados debatían sobre la jurisdicción universal y la protección de la población civil y del personal humanitario.
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Khalilur Rahman, presidente de la Asamblea General de la ONU, instó a los Estados a mantener vigente el derecho internacional a medida que cambian los desafíos mundiales. Ante la Sexta Comisión de la Asamblea, dijo que las normas deben seguir siendo claras y cumplir su propósito en las próximas décadas. [1]
Al dirigirse a la comisión el 15 de octubre, Rahman dijo que los Estados tenían una doble tarea: preservar unas normas desarrolladas a lo largo de ocho décadas y garantizar que siguieran respondiendo a las necesidades futuras. Calificó a la Sexta Comisión, que se ocupa de asuntos jurídicos, de foro importante para esa labor y dijo que las decisiones que se tomen hoy determinarán si el derecho internacional sigue siendo «una fuerza viva».
Rahman también pidió una planificación más previsible, documentación oportuna y una mejor gestión del tiempo en el trabajo de la comisión, aunque advirtió que la eficiencia no debía debilitar su función específica. Dijo que los Estados debían utilizar las herramientas disponibles para prevenir conflictos y que los principales comités de la ONU debían comunicarse entre sí.
La comisión concluyó su debate sobre la jurisdicción universal, un principio que puede permitir a los Estados juzgar ciertos delitos incluso cuando se hayan cometido en otro lugar. Los delegados discreparon sobre cómo debía aplicarse. Zambia dijo que era complementaria a la responsabilidad primordial del Estado en cuyo territorio se cometió un delito o del Estado de nacionalidad del presunto autor. Mozambique pidió que se utilizara para promover la rendición de cuentas, respetando al mismo tiempo la soberanía y la igualdad de los Estados.
El representante de Tanzania dijo que no se habían logrado avances significativos para impedir el uso indebido del principio desde que los Estados africanos plantearon por primera vez la cuestión en el 64.º período de sesiones de la Asamblea General, hace 17 años. Venezuela pidió definiciones y salvaguardias más claras; la República del Congo destacó su papel en el enjuiciamiento de los crímenes de guerra.
La comisión también inició los debates sobre los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Canadá, en nombre de Australia y Nueva Zelanda, pidió que se respetara el derecho humanitario vigente y destacó una declaración de 2025 sobre la protección del personal humanitario, que, según el informe de la ONU, había sido respaldada por más de 130 Estados. [1]
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