Experta de la ONU alerta del hambre en tiempos de guerra: 1,4 millones de personas afrontan una inseguridad alimentaria catastrófica

La relatora especial de la ONU Sofía Monsalve Suárez advirtió el 16 de octubre ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de que la hambruna estaba resurgiendo y el hambre se estaba utilizando como arma de guerra. En la misma sesión, otros expertos independientes expresaron su preocupación por el trato a los jóvenes manifestantes y los obstáculos a la ayuda humanitaria para las personas LGBT. [1][2]

La magnitud de la crisis alimentaria es alarmante, aunque las cifras citadas en la reunión se refieren a 2025, no a la situación el día del debate. Una evaluación presentada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea contabilizó 1,4 millones de personas en la categoría más grave de inseguridad alimentaria aguda, conocida como Catástrofe, en Haití, Mali, la Franja de Gaza, Sudán del Sur, Sudán y Yemen. La cifra había aumentado desde unas 155.000 personas en 2016. Se confirmó la existencia de hambruna en algunas zonas de Gaza y Sudán; el recuento de Catástrofe no significa que se confirmara la hambruna en los seis lugares. [5]

La misma evaluación contabilizó 266 millones de personas que afrontaban altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en 47 países y territorios: el 22,9 % de la población examinada. Esas cifras miden la gravedad del hambre, no cuántas personas fueron privadas deliberadamente de alimentos ni quién fue responsable. Tampoco el total inferior al de 2024 —cuando se contabilizaron 296 millones de personas en 53 países y territorios— demuestra por sí solo que haya habido una mejora: disminuyeron la disponibilidad de datos y la cobertura de países, mientras que la proporción de la población evaluada aumentó del 22,3 % al 22,9 %. [5]

En cuanto a los derechos de protesta, la relatora especial Gina Romero dijo que los jóvenes activistas se enfrentaban al estigma, la vigilancia y la represión, e instó a los gobiernos a darles un papel significativo en la toma de decisiones. Su informe se basó en 190 aportaciones y consultas con más de 500 jóvenes activistas y organizaciones juveniles. India cuestionó su relato sobre las represalias o el estigma contra jóvenes que hablan de salud mental y justicia de género. Israel rechazó las conclusiones relativas a los jóvenes palestinos y afirmó que sus operaciones de aplicación de la ley tenían por objetivo delitos, violencia o terrorismo, no el activismo político.