Experto de la ONU acusa a EE. UU. de crímenes de lesa humanidad por ataques contra embarcaciones

En una intervención ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU el 21 de octubre, Ben Saul afirmó que Estados Unidos había matado al menos a 239 personas en 71 ataques militares contra embarcaciones durante el último año. Saul, relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, calificó los ataques de ejecuciones extrajudiciales y afirmó que constituían un ataque sistemático contra civiles, un crimen de lesa humanidad. Esa es su valoración jurídica, no una decisión de la comisión ni de un tribunal.

La Administración Trump sostiene una postura distinta. En una notificación al Congreso de octubre de 2025 citada en una resolución de un tribunal federal estadounidense, la Casa Blanca afirmó que el país se encontraba en un conflicto armado no internacional con organizaciones designadas y que actuaba en legítima defensa. El Comando Sur de Estados Unidos ha anunciado ataques concretos, entre ellos uno en el Caribe el 4 de octubre en el que, según afirmó, murieron cuatro personas. Associated Press informó de que las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación atacada transportara drogas.

La cuestión central es si las sospechas de narcotráfico pueden justificar que una embarcación sea considerada un objetivo militar. En un informe anterior, Saul sostuvo que el narcotráfico no constituía un ataque armado contra Estados Unidos y que ni un conflicto armado ni una amenaza inminente para la vida justificaban los ataques contra embarcaciones que había examinado. Incluso si una embarcación transportaba drogas, eso por sí solo no resolvería si el uso de fuerza letal era lícito. Su informe de julio decía que los ataques *podrían* constituir crímenes de lesa humanidad; en su declaración del miércoles formuló esa acusación con más firmeza.

La cifra exacta de muertos es menos clara que la magnitud de la campaña. La cronología de incidentes de Just Security contabilizaba 238 muertos en 71 ataques hasta el 4 de octubre, incluidos 23 desaparecidos a quienes se daba por muertos. AP informó de al menos 235 muertos en 70 ataques tras el ataque de ese día. Esos recuentos anteriores se basan en gran medida en cifras procedentes de anuncios estadounidenses y no demuestran que el recuento posterior de Saul sea erróneo.

Identificar a las personas fallecidas es aún más difícil. Airwars informó en agosto de que solo se habían hecho públicos los nombres de 26 de las al menos 227 personas contabilizadas hasta entonces. Según Airwars, los vídeos militares a menudo carecían de los datos de lugar y hora necesarios para reconstruir los ataques. El senador Tim Kaine ha dicho que su examen de documentos clasificados indicaba que algunas de las personas fallecidas no estaban implicadas en el narcotráfico; los documentos en los que se basa esa valoración no se han hecho públicos.

En septiembre, un juez federal se pronunció sobre una disputa distinta, relativa al acceso al memorando jurídico de la Administración sobre los ataques. Rechazó dos de los motivos aducidos para no divulgarlo, pero dejó otro sin resolver. La resolución no determinó si los ataques eran lícitos, por lo que tanto las posturas jurídicas enfrentadas como las circunstancias de la mayoría de las muertes siguen siendo objeto de disputa.