La Asamblea General de la ONU condena las amenazas contra la Corte Penal Internacional

La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución el 2 de noviembre por 93 votos a favor y 13 en contra, con 36 abstenciones. También acogió con satisfacción el informe anual de la corte e instó a los Estados a cooperar con ella, entre otras cosas arrestando y entregando a los sospechosos.

La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, presentó el informe en una declaración pregrabada, aludiendo a circunstancias excepcionales y refiriéndose a las sanciones de Estados Unidos contra la corte y sus funcionarios, incluida ella misma. Estados Unidos incluyó a la corte en su lista de sanciones el 9 de octubre.

«Cuando se castiga a los jueces por sus decisiones, ya sea mediante sanciones o condenas penales, no solo se ataca a esos jueces, sino a la propia independencia judicial», dijo Akane. También citó las penas de prisión dictadas en ausencia contra nueve funcionarios de la corte por un tribunal de Moscú en diciembre de 2025.

Akane dijo que la corte seguiría cumpliendo su mandato de forma independiente e imparcial e instó a los miembros de la ONU a tomar medidas concretas en su defensa. Dijo que, al final del período sobre el que se informa, en julio, seguían sin ejecutarse 32 órdenes de detención de conocimiento público.

La votación se produjo tras un debate que puso de manifiesto profundas diferencias sobre la autoridad de la corte. Estados Unidos dijo que votaría en contra de la resolución y sostuvo que las actuaciones de la CPI contra nacionales de países que no habían aceptado su jurisdicción amenazaban la soberanía estatal. Israel también acusó a la corte de politización y extralimitación.

La Unión Europea pidió que se levantaran las sanciones, mientras que el representante palestino sostuvo que la soberanía no debía proteger de la rendición de cuentas a quienes fueran responsables de delitos graves. La CPI juzga a personas por delitos internacionales graves y está concebida para complementar a los tribunales nacionales cuando los Estados no estén dispuestos o no puedan actuar genuinamente.