El organismo sucesor del tribunal de la ONU busca aprobación para recortar su plantilla cerca de un 90 %

Graciela Gatti Santana, presidenta del organismo de la ONU que continúa la labor de los tribunales clausurados para Ruanda y la antigua Yugoslavia, instó al Consejo de Seguridad el 21 de octubre a autorizar una importante reorganización. Dijo ante la Asamblea General que esta podría reducir la plantilla del organismo casi un 90 %, pero el plan depende de que se transfiera trabajo a otros organismos y aún no ha sido autorizado.

El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales prevé que tendrá entre 20 y 23 empleados el 1 de julio de 2028, frente a los 176 contemplados en su presupuesto aprobado para el 31 de diciembre de 2026. De ahí se deriva la reducción estimada del 87 al 89 %. La cifra de 176 corresponde a una plantilla presupuestada para fin de año, no al número de empleados que tenía en la reunión de octubre: su informe anual registró 199 empleados, incluidas personas en puestos temporales, el 30 de junio de 2026.

Según el plan, oficinas de la Secretaría de la ONU se harán cargo de los archivos y de la asistencia a los procesos judiciales nacionales, mientras que los Estados donde cumplen condena las personas condenadas asumirán la supervisión cotidiana de sus condiciones. El mecanismo fusionaría sus sedes de Arusha y La Haya en una sola ubicación. Las decisiones sobre asuntos como los indultos y la puesta en libertad anticipada seguirían tomándose a nivel internacional.

El recorte anunciado de la plantilla se refiere al mecanismo, no a todos los empleos de la ONU relacionados con esas funciones. El plan calcula que las oficinas de la Secretaría que recibirían esas tareas necesitarían entre 40 y 45 empleados adicionales, además de otros recursos. Gatti Santana dijo que la reorganización podría generar ahorros sustanciales, pero aún hay que elaborar y aprobar los presupuestos del mecanismo reducido y de las oficinas que asumirán sus funciones.

Aunque los principales juicios ya han concluido, el informe anual del mecanismo señala que unos 3.200 testigos siguen beneficiándose de medidas de protección. El mecanismo también continúa supervisando las condenas y prestando asistencia a los tribunales nacionales. Durante el debate en la Asamblea, el representante de la UE pidió que el Consejo aprobara una resolución lo antes posible. Gatti Santana dijo que, hasta que el Consejo actúe, el presupuesto del mecanismo para 2027 debe seguir financiando las operaciones en dos sedes de dos continentes.