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Brasil aprueba la jornada laboral de 40 horas antes de la segunda vuelta presidencial

El Senado de Brasil ha aprobado una reforma constitucional que reduce la semana laboral a 40 horas, una medida popular defendida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de la segunda vuelta presidencial.

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El Congreso de Brasil ha aprobado una reforma constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, con dos días libres a la semana y sin recorte salarial. Se espera que el cambio beneficie a más de 30 millones de trabajadores y llega menos de dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial del país. [1]

El Senado aprobó la medida el miércoles por 75 votos a favor y uno en contra, después de que la Cámara de Diputados le diera luz verde en mayo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había defendido el cambio. Sus partidarios esperan que su popularidad le ayude a reducir la distancia con el candidato de derecha Flávio Bolsonaro, que lideró la primera vuelta con el 47 % de los votos, frente al 45,2 % de Lula.

Bolsonaro, senador, votó a favor después de haberse opuesto anteriormente a la propuesta. El martes dijo que había cambiado de postura porque la mayoría de los trabajadores brasileños quería poner fin a la semana laboral de seis días. Antes había calificado el plan de intento oportunista de Lula de atraer a los votantes de la clase trabajadora y había sostenido que empleadores y empleados debían acordar por sí mismos los horarios de trabajo.

Lula celebró la votación y acusó a Bolsonaro de oportunismo electoral. Una encuesta nacional citada por la BBC reveló que casi el 70 % de los brasileños apoyaba acortar la semana laboral.

El cambio se aplicará de forma gradual: la semana laboral máxima se reducirá primero a 42 horas tras un periodo de gracia de dos meses y, más adelante, a 40 horas. La aplicación plena llevará más de un año.

Los partidarios sostienen que tener dos días libres permitirá que los trabajadores estén más descansados y sean más productivos. Los críticos advierten que el aumento de los costes de producción podría trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos. [1]

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