¿Cómo podría el Gobierno británico reducir el gasto en prestaciones sociales?
La OBR prevé que el gasto británico en prestaciones sociales aumente hasta los 431.000 millones de libras en 2032. Entre las opciones para frenar ese crecimiento figuran cambios en las prestaciones por discapacidad y más apoyo al empleo para los jóvenes, aunque el ahorro es incierto y podría tardar en materializarse.

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El Gobierno británico podría reducir el gasto en prestaciones sociales endureciendo el acceso a algunas ayudas por enfermedad y discapacidad o ayudando a más jóvenes a encontrar trabajo. Sin embargo, cualquiera de las dos medidas podría tardar años en reducir la factura, y el apoyo al empleo podría aumentar el gasto público mientras tanto.
La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) prevé que el gasto en prestaciones sociales aumente de 353.000 millones de libras este año a 431.000 millones en 2032. Se trata de un aumento nominal de 79.000 millones de libras, pero se proyecta que el gasto solo suba del 11,1 % al 11,3 % del producto interior bruto. Los pensionistas representan algo menos de la mitad del total, principalmente a través de la pensión estatal.
Las cifras apuntan a distintas presiones dentro del sistema. El gasto en prestaciones por discapacidad para personas en edad de trabajar, ajustado a la inflación, pasó de 14.000 millones de libras en 2020 a 25.000 millones en 2026, mientras que varias otras prestaciones para este grupo siguen por debajo de sus niveles anteriores, tras los recortes introducidos a partir de 2010. Algunos investigadores han sostenido que esos recortes podrían haber animado a algunas personas a solicitar prestaciones por enfermedad y discapacidad, trasladando los costes en vez de generar ahorros duraderos.
Un posible foco es el Personal Independence Payment (PIP), una prestación que pueden solicitar tanto las personas que trabajan como las que no. Las cifras oficiales muestran que el número de jóvenes de 16 a 24 años que no estudian, trabajan ni reciben formación ha aumentado en unos 230.000 desde 2019, hasta situarse justo por debajo del millón. Una revisión provisional dirigida por Alan Milburn, exministro de Sanidad, estimó que el gasto anual en PIP para este grupo de edad pasó de 1.300 millones de libras en 2020 a unos 3.200 millones en 2025, y proyectó que podría alcanzar los 6.500 millones en cinco años.
El Gobierno no ha fijado un calendario para reducir el gasto total. Se espera que los informes finales de Milburn y del ministro de Discapacidad, Stephen Timms, se publiquen en las próximas semanas. La BBC informa de que se especula con que las revisiones podrían recomendar un sistema distinto para los menores de 25 años, con pagos más bajos o restricciones para acceder al PIP. Se trata de posibles recomendaciones, no de una política anunciada; a Timms no se le pidió específicamente que buscara ahorros.
Un plan del Gobierno anterior ilustra la diferencia entre reducir el gasto y frenar su crecimiento. Las reformas anunciadas en 2025 pretendían ahorrar 5.000 millones de libras al año para 2030 mediante un acceso más restringido al PIP y pagos más bajos del Universal Credit vinculados a la salud. Aun así, las previsiones seguían mostrando un aumento nominal del gasto en prestaciones sociales relacionadas con la salud, aunque más lento de lo esperado. La OBR proyectó que el gasto total en prestaciones sociales bajaría ligeramente como proporción de la economía a medio plazo.
Ayudar a más jóvenes a incorporarse al trabajo también podría reducir el gasto en prestaciones con el tiempo, pero, según los analistas, para ello quizá sea necesario invertir más en apoyo al empleo. El informe provisional de Milburn señaló que se gastaban unos 25 libras en prestaciones por cada libra destinada al apoyo al empleo de los jóvenes. Por tanto, a corto plazo, cualquier ahorro podría verse compensado por el gasto en otras partidas, y dependería de que el apoyo ayudara a las personas a incorporarse al trabajo y mantenerse en él.
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