La inspección neerlandesa recibió avisos sobre un centro juvenil español desde 2016

La Inspección de Salud y Atención Juvenil de los Países Bajos (IGJ) recibió en 2016 el primer aviso sobre Huize Soria, un centro para jóvenes neerlandeses en España. Un portavoz dijo a la agencia de noticias ANP que en los años siguientes llegaron ocasionalmente avisos sobre la calidad y la seguridad de la atención. Según Nieuwsuur, organizaciones neerlandesas siguieron colocando allí a jóvenes pese a las advertencias posteriores. [4] [5]

La inspección sí tomó algunas medidas. En una respuesta al Parlamento fechada el 16 de octubre, la ministra W.R.C. Sterk dijo que había informado a las autoridades españolas sobre el aviso de 2016, que había tenido en cuenta las señales posteriores en su supervisión basada en riesgos y que había planteado sus preocupaciones a las organizaciones que colocaban jóvenes en el centro y al propio Huize Soria. La IGJ dijo a la ministra, en retrospectiva, que también podría haber informado a España sobre las señales posteriores. La respuesta no establece qué resultados tuvieron esas medidas. [1] [2]

Las preocupaciones se concretaron más en 2021, cuando cinco jóvenes acudieron a la defensora del menor de Ámsterdam. Nieuwsuur informó de que expertos que realizaron una investigación posterior para las organizaciones de atención encontraron una «cultura represiva» en Huize Soria, aunque señalaron diferencias en las experiencias de los jóvenes. El 20 de octubre, Nieuwsuur dijo que había hablado con 16 antiguos residentes que describieron malos tratos y restricciones a su libertad. Huize Soria rechaza las acusaciones. Afirma que mantuvo contacto reiterado con la inspección neerlandesa y que recibió evaluaciones positivas durante las visitas de inspección españolas. [5] [3] [7] [8]

La inspección española de atención juvenil ordenó a Huize Soria que dejara de prestar atención a finales de septiembre porque carecía de los permisos necesarios, informó Nieuwsuur. El centro dijo que decidió el 5 de octubre cerrar su sede de atención en España. La constatación de que faltaban permisos no demuestra las acusaciones sobre el trato.