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El fiscal estadounidense Aaron Reitz indaga los planes de supervisión de los demócratas

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La investigación de Aaron Reitz sobre las pesquisas que planean llevar a cabo contra el Gobierno de Trump ha desencadenado una disputa sobre las facultades del Congreso. Los fallos del Tribunal Supremo conceden a los legisladores amplias protecciones para su labor legislativa, aunque también imponen límites a sus investigaciones.

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Aaron Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, afirma que está llevando a cabo una investigación preliminar para determinar si los legisladores demócratas han rebasado los límites de la finalidad legislativa legítima con el trabajo que planean realizar en las comisiones.

La investigación se produce tras el envío de cartas a las senadoras Elissa Slotkin y Elizabeth Warren, al senador Richard Blumenthal y al representante Robert Garcia. Según MS NOW y Democracy Docket, Reitz les pidió que conservaran documentos y comunicaciones relacionados con las investigaciones que planean realizar y les advirtió de posibles consecuencias legales.

Reitz ha expresado su preocupación por que las investigaciones puedan vulnerar los derechos constitucionales de personas vinculadas al presidente Donald Trump. Según informó Democracy Docket, no ha anunciado una investigación penal formal.

La disputa se produce después de que los demócratas obtuvieran el control del Congreso en las elecciones de noviembre y expusieran sus planes para someter a escrutinio a la Administración. Blumenthal, que ha pedido información sobre la financiación del salón de baile de la Casa Blanca, dijo que la carta de Reitz no lo intimidaría, según Associated Press.

El precedente de Teapot Dome

Lisa Rubin, periodista especializada en temas jurídicos y exabogada, sostiene en MS NOW que la historia de las investigaciones del Congreso y las protecciones constitucionales de los legisladores debilitan las advertencias de Reitz. Señala un caso del Tribunal Supremo surgido del escrutinio del Departamento de Justicia tras el escándalo de Teapot Dome.

En 1924, una comisión del Senado investigó las acusaciones de que el fiscal general Harry Daugherty no había procesado a personas implicadas en el escándalo y en otros casos. Su hermano Mally Daugherty, presidente de un banco, no compareció tras recibir una citación y fue detenido. Un tribunal de instancia lo puso en libertad, pero el Tribunal Supremo revocó esa decisión en 1927.

En *McGrain v Daugherty*, el tribunal dictaminó que el Congreso podía exigir testimonios necesarios para una tarea legislativa. Aceptó que examinar cómo cumplía sus funciones el Departamento de Justicia era una cuestión sobre la que una investigación podía aportar información útil para la legislación.

Un fallo posterior, *Eastland v United States Servicemen’s Fund*, confirmó que la cláusula constitucional sobre libertad de expresión y debate protege a los miembros del Congreso frente a interferencias cuando actúan dentro del ámbito legislativo legítimo. Esa protección no supone inmunidad general para todo lo que haga un legislador.

Las facultades de investigación del Congreso también tienen límites. En *Trump v Mazars*, en 2020, el Tribunal Supremo señaló que una citación del Congreso debe responder a una finalidad legislativa válida y que sus destinatarios conservan sus derechos constitucionales. El Congreso no puede utilizar citaciones simplemente para hacer cumplir la ley.

Esos fallos no determinan por sí solos si está protegida alguna actuación concreta de los cuatro legisladores ni cómo evaluaría un tribunal las advertencias de Reitz.

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