El Gobierno neerlandés aprueba un plan quinquenal para reformar la contratación pública
El Gobierno neerlandés ha aprobado una estrategia de contratación pública de cinco años que busca agilizar las compras y, al mismo tiempo, utilizar los contratos públicos para promover la seguridad, la autonomía digital y la sostenibilidad.

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El Gobierno neerlandés ha aprobado un plan quinquenal para destinar sus aproximadamente 20.000 millones de euros anuales en compras de bienes y servicios a apoyar la autonomía digital, la seguridad y la sostenibilidad, y reducir al mismo tiempo la burocracia en la contratación pública. La política abarca las compras de la Administración central, excepto las del Ministerio de Defensa, que se sumará cuando sea posible. [1]
El Gobierno afirma que compra a unas 25.000 empresas. La nueva Visión sobre la contratación de la Administración central sustituye a la estrategia «Contratación con impacto» de 2019 y busca que las compras sean más coherentes y eficientes. El secretario de Estado Van der Burg dijo que los cambios deberían reducir la duplicación de costes y trabajo, mejorar la calidad y permitir que el Gobierno funcione con menos personal. [1]
El plan también considera la contratación pública una forma de reducir la dependencia de proveedores extranjeros y proteger el acceso a bienes y servicios esenciales. Propone evaluar los riesgos antes de firmar contratos y vigilarlos durante su ejecución, e incluir requisitos de seguridad en los acuerdos. Desde el 1 de enero de 2026, las empresas que ejecutan contratos públicos que entrañan riesgos para la seguridad nacional deben cumplir los requisitos de seguridad estándar del Gobierno, cuyo objetivo es reducir riesgos como los ciberataques y el espionaje. [1]
El Gobierno afirma que sus compras a gran escala pueden ayudar a crecer a empresas innovadoras e impulsar un mayor uso de materiales reciclados. Cita uniformes reciclados convertidos en paneles de construcción para edificios públicos, el intercambio digital de hojas de horas para ahorrar trabajo administrativo y un contrato de conectividad de datos que tuvo en cuenta el impacto social y la reutilización de materias primas, además del coste. [1]
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