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El Gobierno neerlandés da luz verde a reformas de gobernanza insular para su revisión consultiva

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Las propuestas para Bonaire, San Eustaquio y Saba ampliarían las opciones de endeudamiento, adaptarían la supervisión financiera y mantendrían, con un diseño renovado, al representante del Gobierno central.

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El Gobierno neerlandés acordó el 25 de septiembre de 2026 solicitar el dictamen del Consejo de Estado sobre reformas que ampliarían las facultades de endeudamiento y modificarían los mecanismos de supervisión de Bonaire, San Eustaquio y Saba. Las propuestas afectan a WolBES y FinBES, las leyes que regulan la administración y las finanzas de las tres islas caribeñas y su relación con el Gobierno central. [1]

La decisión autoriza a Eric van der Burg, secretario de Estado de Interior y Relaciones del Reino, a remitir los cambios propuestos para que sean examinados. Se trata de un paso en el proceso legislativo, no de la entrada en vigor de las nuevas normas. [1]

Endeudamiento y supervisión financiera

Según la propuesta, las administraciones insulares podrían pedir préstamos a bancos para cumplir sus responsabilidades, por ejemplo, para invertir en carreteras e infraestructuras energéticas. El endeudamiento estaría sujeto a condiciones y supervisión, que, según el Gobierno, buscan limitar los riesgos financieros. [1]

La supervisión financiera también pasaría a tener distintos niveles, con mecanismos adaptados a las circunstancias y al desarrollo de cada isla. El ministerio describe un enfoque menos estricto cuando sea posible y más intenso cuando sea necesario; no ha asignado un nivel de supervisión a ninguna isla. [1]

Las reformas también incluyen un mayor control por parte de los consejos insulares y la creación de una cámara de auditoría local. El ministerio afirma que estas medidas buscan mejorar la supervisión democrática y los servicios para los residentes, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. [1]

Se mantiene el representante del Gobierno central

La propuesta mantendría al Rijksvertegenwoordiger, el representante del Gobierno central, pero reorganizaría el cargo en torno al buen gobierno y la supervisión de las administraciones insulares. El representante también podría plantear en La Haya asuntos a los que el Gobierno central estuviera prestando muy poca atención. [1]

Mantener el cargo no es una novedad de esta versión de las reformas. Un borrador anterior proponía suprimirlo, pero la versión sometida a consulta pública en septiembre de 2025 lo conservó y contemplaba reforzar sus facultades de recopilación de información y supervisión. [4]

Ese enfoque difiere de una recomendación de 2019 de la División Consultiva del Consejo de Estado. Como parte de un paquete más amplio para reforzar las administraciones insulares, recomendó suprimir el cargo y transferir sus funciones a los gobernadores insulares y al ministro. [5]

Las propuestas de 2025 también suscitaron oposición en San Eustaquio. En una moción de octubre de 2025, Clyde van Putten, político del Partido Laborista Progresista, sostuvo que ampliar las facultades del representante debilitaría a los consejos insulares elegidos y pidió que se rechazaran las enmiendas. La secretaría del consejo indicó que la moción había sido aprobada por la facción mayoritaria del consejo insular. [6]

Junto con la legislación, el ministerio prevé aumentar la transferencia general a las islas para reforzar la plantilla de las oficinas de los gobernadores y apoyar a los secretarios de los consejos insulares. No ha anunciado el importe del aumento ni la fecha del pago. [1]

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