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El Tribunal Supremo de Estados Unidos permite por ahora que continúen las deportaciones rápidas a terceros países

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Los magistrados han suspendido una sentencia que exigía dar a algunos migrantes información suficiente y la oportunidad de oponerse antes de enviarlos a terceros países.

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos accedió el martes a la petición de la Administración Trump de suspender una sentencia de un tribunal inferior sobre las deportaciones a países que no se habían señalado previamente como destinos de las personas afectadas. La orden permite que, por ahora, continúen los procedimientos del Gobierno para las expulsiones a terceros países mientras los magistrados examinan el caso. No es una resolución definitiva que declare legal la política. [2] [9]

Un juez federal de Massachusetts dictaminó en febrero que los miembros del grupo afectado deben recibir información suficiente y tener la oportunidad de oponerse al destino propuesto antes de su expulsión. El juez también anuló las directrices del Gobierno, pero no impuso una prohibición general de las deportaciones a terceros países. Un tribunal de apelaciones confirmó en gran medida la sentencia este mes. [3] [4]

Según las directrices impugnadas, una persona puede ser expulsada sin más trámites si el país receptor ha dado garantías contra la persecución o la tortura que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera creíbles. En caso contrario, la política exige informar del destino y evaluar a las personas que dicen temer ser enviadas allí. La espera habitual de 24 horas tras la notificación puede reducirse a un mínimo de seis horas en circunstancias excepcionales, siempre que se cumplan determinadas condiciones. [5]

Los abogados del Gobierno afirmaron que la sentencia del tribunal inferior había alterado las operaciones de expulsión, incluidos los vuelos. Los abogados de los migrantes sostuvieron que informarles y darles la oportunidad de oponerse no tiene por qué impedir las expulsiones. [6] [7]

El Tribunal Supremo tiene previsto escuchar los argumentos de las partes en su periodo de sesiones de diciembre de 2026, tanto sobre la legalidad de la política como sobre las competencias del tribunal inferior. Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a conceder la suspensión temporal. [2]

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