Experta de la ONU advierte de que poner fin al mandato sobre la lepra y los derechos no acabará con la discriminación
Una experta de la ONU advirtió de que poner fin al mandato sobre la discriminación contra las personas afectadas por la lepra no acabará con las violaciones que abordaba, mientras otros expertos expresaron su preocupación por la discriminación, los derechos relacionados con la salud y los ritos funerarios.

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La decisión de la ONU de poner fin a un mandato de derechos humanos sobre la discriminación contra las personas afectadas por la lepra no debe confundirse con el fin de los abusos que abordaba, declaró la titular del mandato ante la Tercera Comisión de la Asamblea General el 22 de octubre. Beatriz Miranda Galarza advirtió de que persisten la discriminación, la pobreza y la exclusión social, y de que cerrar el cargo entraña el riesgo de perder años de conocimiento institucional y avances.
Galarza ocupaba el mandato como relatora especial sobre la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, y este se está suprimiendo. Lo calificó de final sin precedentes de un mandato temático en el sistema de procedimientos especiales de la ONU y pidió que se mantuviera el compromiso internacional.
«Una cura médica no restituye los derechos ni repara los daños históricos», afirmó, según la cobertura de la reunión de la ONU. Galarza también advirtió de que la disminución de la financiación internacional, la reducción de los conocimientos técnicos y el menor apoyo a las comunidades afectadas podrían revertir los avances.
Otros expertos independientes que intervinieron ante la comisión expresaron su preocupación por la discriminación y los obstáculos al ejercicio de los derechos. Muluka-Anne Miti-Drummond, experta independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo, dijo que la discriminación puede incluir agresiones físicas, mutilaciones y asesinatos en algunas zonas del África subsahariana, así como exclusión social y abusos en internet. Las personas entrevistadas describieron efectos como ansiedad, baja autoestima e ideas suicidas.
Mariângela Simão, relatora especial sobre el derecho a la salud, sostuvo que el acceso a la justicia es esencial para hacer efectivo ese derecho. Pidió autoridades independientes capaces de determinar si se han producido violaciones y ordenar reparaciones, así como el reconocimiento constitucional del derecho a la salud.
Nazila Ghanea, relatora especial sobre la libertad de religión o de creencias, afirmó que los ritos funerarios suelen ser ignorados durante los conflictos, la ocupación, las muertes bajo custodia y las catástrofes climáticas. Recalcó que las familias deben recibir un trato digno y ser informadas, y que las situaciones de emergencia no eximen a los Estados de sus obligaciones de respetar la libertad de religión o de creencias.
La comisión también escuchó al experto independiente Attiya Waris, quien criticó el reparto de los beneficios y los costes de las actividades marítimas, y a Zeina Jallad, relatora especial sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos.
La reseña de la ONU es un resumen para los medios, no un acta oficial de la reunión.
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