Grupos de derechos humanos instan a Myanmar a actuar tras el fallo de la CIJ sobre el genocidio rohinyá
La Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás, mientras grupos de derechos humanos instan al Gobierno a acatar el fallo.

¿Qué ha cambiado? · 19/11/26, 13:31 UTC
Gambia presentó el caso contra Myanmar en 2019 y pidió al máximo tribunal de la ONU que determinara que el país había infringido la Convención sobre el Genocidio. También reclama reparaciones, entre ellas la ciudadanía plena y el derecho de los rohinyás a regresar.
Los fallos de la Corte son definitivos y jurídicamente vinculantes, pero no puede hacer que se cumplan por sí misma. Según Associated Press, declarar que Myanmar cometió genocidio sería el primer fallo de este tipo contra un Estado por parte de la CIJ. En 2007, la Corte determinó que Serbia no había impedido el genocidio de Srebrenica.
Más de 700.000 rohinyás huyeron a Bangladesh durante la campaña de 2017 en el estado de Rakáin, en Myanmar. Se acusó a las fuerzas de seguridad de cometer asesinatos en masa y violaciones, y de incendiar viviendas. Myanmar ha negado que hubiera genocidio y ha defendido la campaña como una operación legítima de lucha contra el terrorismo.
En 2019, una misión independiente de investigación de la ONU concluyó que había motivos razonables para inferir que Myanmar había actuado con intención genocida. Esa fue la conclusión de la misión, no un fallo de la CIJ.
Associated Press estima que actualmente viven en Bangladesh alrededor de 1,2 millones de refugiados rohinyás, principalmente en campamentos del distrito de Cox's Bazar. Mohammed Nowkim, un rohinyá que huyó de Rakáin en 2017 y ahora vive en Canadá, dijo a la BBC que el caso era «como un reconocimiento formal de nuestro sufrimiento». Él y otros activistas esperan que un fallo favorable a Gambia impulse medidas para ayudar a los rohinyás a regresar a casa de forma segura.
Actualización
La Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás en el norte del estado de Rakáin y ha concluido, por nueve votos frente a seis, que el país incumplió sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
El fallo se produce tras un caso presentado por Gambia en 2019 por el trato de Myanmar a la minoría, predominantemente musulmana.
Los jueces determinaron que las acciones de Myanmar en 2017 mostraban la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá. El presidente de la Corte, Yuji Iwasawa, dijo que las fuerzas de seguridad mataron a miles de civiles rohinyás, cometieron violencia sexual generalizada y actos de extrema violencia contra menores, y atacaron a personas que huían. La Corte señaló que las pruebas indicaban que habían muerto aproximadamente 10.000 rohinyás.
El ejército de Myanmar lanzó su campaña en agosto de 2017, tras un ataque de un grupo insurgente rohinyá. La Corte rechazó la defensa de Myanmar de que la campaña había sido una operación legítima contra los insurgentes.
Según Sky News, Iwasawa dijo que Myanmar debe permitir y facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de los rohinyás desplazados, y contribuir a la reunificación de las familias. También dijo que los rohinyás tenían derecho a una indemnización adecuada por los daños causados por las violaciones de Myanmar.
A finales de 2017, alrededor de 655.500 rohinyás habían huido a Bangladesh, según la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR. ACNUR y el Gobierno de Bangladesh registraron aproximadamente 1,2 millones de refugiados rohinyás en el país a 31 de octubre de 2026; esa cifra no se limita a quienes huyeron en 2017.
Los fallos de la Corte son definitivos y jurídicamente vinculantes, pero esta no puede hacer que se cumplan por sí misma. La activista rohinyá de derechos humanos Yasmin Ullah celebró la decisión y dijo a Associated Press: «Es un gran día para los rohinyás y para todas las personas oprimidas, en todas partes, a quienes se les ha dicho que su sufrimiento no cuenta y que nadie las escucha».
Actualización
Gambia presentó el caso en 2019. En su sentencia definitiva del 19 de noviembre de 2026, la Corte con sede en La Haya concluyó, por nueve votos frente a seis, que Myanmar había cometido genocidio contra los rohinyás en el norte del estado de Rakáin e infringido la Convención sobre el Genocidio. [5]
Los jueces determinaron que Myanmar había actuado con la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá y rechazaron su defensa de que la campaña de 2017 había sido una operación legítima contra los insurgentes. [5] [15]
La Corte ordenó a Myanmar que permitiera el regreso seguro, voluntario y digno de los rohinyás que huyeron y que pagara una indemnización, cuyo importe se decidirá más adelante. Sus fallos son vinculantes, pero la Corte no tiene poder directo para hacer que se cumplan. [5]
Myanmar lanzó la campaña de 2017 después de que militantes rohinyás atacaran comisarías. Cientos de miles de personas huyeron al otro lado de la frontera, a Bangladesh, donde ahora viven más de un millón de refugiados rohinyás. [12] [15]
Es la primera vez que la CIJ determina que un Estado cometió genocidio. En un caso de 2007, la Corte concluyó que Serbia no había impedido el genocidio de Srebrenica, pero no la responsabilizó de haberlo cometido. [12]
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó el fallo de «un raro momento de justicia para los supervivientes, las víctimas y sus familias». [12]
La abogada de Human Rights Watch Maria Elena Vignoli lo calificó de reconocimiento largamente esperado del sufrimiento rohinyá e instó a Myanmar a acatarlo y poner fin a la opresión de la minoría. [13]
Callamard dijo que la Corte había aclarado que la intención genocida puede coexistir con otros objetivos, incluidos los militares; consideró que este punto era pertinente para otros casos, incluido el caso de genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel por Gaza. Israel niega la acusación; el caso sigue pendiente. [12] [5]
En una declaración conjunta, 219 organizaciones rohinyás y otras organizaciones de la sociedad civil de Myanmar celebraron el fallo e instaron a la comunidad internacional a garantizar su aplicación, incluidas las reparaciones y el regreso seguro. [17]
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