Hungría publica los nombres de 60.000 colaboradores de la policía secreta de la época comunista
Hungría ha hecho públicos los nombres y datos personales de unas 60.000 personas reclutadas por los servicios secretos de la época comunista, cumpliendo así una promesa del primer ministro, Péter Magyar. Los críticos advierten de que unos archivos incompletos podrían inducir a error a la opinión pública y angustiar a las familias.

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Hungría ha publicado los nombres y datos personales de unas 60.000 personas reclutadas por los servicios secretos de la época comunista. La medida cumple una promesa electoral del primer ministro, Péter Magyar, pero reaviva la preocupación de que unos registros incompletos puedan perjudicar injustamente reputaciones y angustiar a las familias.
Los archivos se publicaron en internet el miércoles 4 de noviembre, fecha que marca el 70.º aniversario de la represión de la revolución húngara de 1956 por los tanques soviéticos. Magyar dijo que la publicación pretendía ayudar al país a afrontar el trauma de décadas de régimen comunista. Instó a la gente a tratar los documentos «con dignidad y humanidad».
Los documentos publicados hasta ahora son fichas del formulario 6. Incluyen el nombre real del informante, su nombre en clave, fecha de nacimiento, domicilio, nombre de su madre, el motivo declarado para su reclutamiento y el nombre del agente encargado de su caso. Está previsto que el 25 de febrero se publique otro conjunto de documentos, conocidos como expedientes B, que, según se espera, ofrecerán más detalles sobre el reclutamiento y el valor atribuido a la información proporcionada.
La divulgación llega tras décadas en las que sucesivos gobiernos estudiaron abrir los archivos, pero no lo hicieron. Desde 1998, las personas han podido solicitar sus propios expedientes y los historiadores han podido investigar los de otras personas, pero a menudo se ocultaban los nombres y algunos documentos no se entregaban. Otros archivos fueron triturados cuando el Partido Comunista perdió el poder en 1988-89, y también se han filtrado informaciones de los archivos durante disputas políticas.
Los historiadores estiman que entre 150.000 y 160.000 personas fueron reclutadas como informantes entre diciembre de 1944 y febrero de 1990. Algunas fueron coaccionadas, con amenazas que incluían perder el trabajo o la posibilidad de estudiar, el acceso a medicamentos o la divulgación de información privada. Se están eliminando detalles íntimos de la publicación actual.
El historiador Krisztian Ungváry, que ha hecho campaña por el acceso pleno a los archivos, sostiene que la ciudadanía tiene derecho a ver lo que el Estado registró sobre ella. Sin embargo, la historiadora y eurodiputada Zsuzsanna Borvendég advirtió de que los nombres por sí solos podían inducir a error: dijo que, en la mayoría de los informes de agentes que se conservan, no es posible identificar al informante ni determinar sus motivos. Los críticos también temen que la publicación pueda causar angustia innecesaria a los familiares.
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