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Juez rechaza la petición de EE. UU. de apartar votos por correo de California

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El juez consideró que el Gobierno no había fundamentado suficientemente su petición de separar las papeletas y advirtió de que los votantes con derecho a voto podrían perder sus votos. Los fiscales federales dicen que recurrirán.

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Un juez federal se ha negado a ordenar a California que aparte las papeletas por correo vinculadas a más de 20.000 personas a las que el Departamento de Justicia de EE. UU. considera posibles no ciudadanos. La decisión, dictada el 28 de octubre, mantiene las normas vigentes del estado para tramitar las papeletas, a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Se trata de una resolución sobre una petición de emergencia, no de una sentencia definitiva en la demanda.

El Departamento quería que se retuvieran del recuento las papeletas enviadas por personas incluidas en su lista hasta que pudiera verificarse su ciudadanía. Pero la lista contiene nombres, no 20.000 votos confirmados. No se ha establecido cuántas de esas personas han votado en estas elecciones ni cuántas son ciudadanas.

El Departamento afirma que funcionarios de inmigración compararon los registros de votantes con datos del Gobierno y utilizaron un programa informático de terceros para evaluar posibles coincidencias. El juez David O. Carter consideró que su explicación de ese proceso era demasiado imprecisa para justificar la orden solicitada. California cuestionó la fiabilidad de la lista; en una revisión preliminar de 200 registros citada por el juez, el 42,9 % correspondía a inscripciones electorales canceladas. Esa comprobación limitada no permite establecer una tasa de error para la lista completa.

Hay motivos concretos para investigar algunos nombres. El Departamento de Justicia afirmó que acusó a 28 personas de la lista de delitos relacionados con presuntas inscripciones o votaciones ilegales. Se trata de acusaciones, no de condenas, y no verifican la situación de las demás personas incluidas.

Carter también concluyó que era poco probable que la prohibición federal del voto de los no ciudadanos otorgara al Departamento autoridad para modificar los procedimientos electorales de California. El estado exige que quienes se inscriben para votar declaren su ciudadanía bajo pena de perjurio y comprueba las firmas de las papeletas por correo. El Departamento argumentó que apartar las papeletas permitiría conservarlas para verificarlas más adelante; Carter advirtió de que, sin una forma viable de completar esas comprobaciones durante las elecciones, los votantes con derecho a voto podrían acabar perdiendo sus votos.

Los fiscales federales dijeron que recurrirían. Un recurso anterior, presentado antes de que Carter dictara su resolución, fue desestimado porque el tribunal de apelación dijo que carecía de jurisdicción en esa fase; no resolvió el fondo del caso.

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