La Administración Trump prepara una licitación para reparar el muro de contención de East Potomac en medio de una disputa por el campo de golf
El proyecto propuesto para el muro de contención aún no tiene financiación. Un juez ha mantenido el parque accesible y ha permitido las reparaciones y cierres de seguridad limitados.

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La Administración Trump planea buscar un contratista para reparar el muro de contención de East Potomac Park, en Washington, donde continúa una batalla legal por la propuesta del presidente de remodelar un campo de golf público.
Un aviso emitido por el Departamento del Interior el 13 de noviembre abarca el diseño y la rehabilitación de unos 6,3 kilómetros de costa y muro de contención a lo largo del río Potomac y el canal de Washington. El departamento esperaba publicar una solicitud formal de ofertas en torno al 30 de noviembre, según una copia del aviso publicada por el sitio web de contratación pública GovChime.
El aviso es un anuncio previo, no una solicitud de ofertas ni la adjudicación de un contrato. Indica que el proyecto no tenía financiación en ese momento, aunque se esperaba obtenerla.
El anuncio llegó un día antes de que la jueza federal de distrito Ana Reyes bloqueara el cierre previsto del parque y del campo por parte de la Administración. Su orden temporal permite las reparaciones, con sujeción a cualquier aviso exigido por una medida cautelar vigente, y autoriza restricciones limitadas cerca de las obras activas del muro de contención o ante una amenaza inminente para la seguridad.
El Servicio de Parques Nacionales había citado el estado del muro de contención, los senderos y las instalaciones de golf, así como la pérdida del operador del campo, al solicitar el cierre de una zona más amplia del parque. Reyes concluyó de forma provisional que esos motivos eran pretextos para un cierre destinado a facilitar el rediseño de Trump. Los abogados del Gobierno sostuvieron que los problemas de seguridad y la falta de un operador justificaban el cierre.
Reyes reconoció que el muro de contención se estaba deteriorando y necesitaba reparaciones, pero dijo que el Gobierno no había explicado adecuadamente por qué debía cerrarse el parque en su conjunto, en vez de limitar el acceso a las zonas afectadas. En su resolución señaló que la necesidad de reparar el muro estaba documentada desde 2011 y que una evaluación de 2019 había identificado el sendero perimetral como un peligro para la seguridad.
La jueza también citó una evaluación de mayo de 2026 que detectó 110 deficiencias en el campo de golf, 69 de ellas calificadas como críticas o urgentes. Se refirió al testimonio de que el Servicio de Parques no las había abordado en octubre.
El parque seguía abierto, pero el campo de golf no funcionaba tras finalizar el acuerdo de gestión, informó Associated Press el 17 de noviembre. La orden de Reyes se mantiene vigente hasta el 28 de noviembre, salvo que el tribunal actúe antes; no obliga al Gobierno a operar el campo para que se pueda jugar.
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