Las advertencias de Aaron Reitz a los demócratas por las investigaciones sobre Trump carecen de fuerza, dicen expertos legales
Un fiscal de Texas ha advertido a cinco legisladores demócratas sobre sus planes para investigar a los aliados de Donald Trump. Expertos legales dicen que las cartas no ofrecen motivos sólidos para frenar la supervisión del Congreso.

El fiscal federal Aaron Reitz ha enviado cartas a cuatro senadores demócratas y a un miembro de la Cámara de Representantes en las que sugiere que sus planes de ejercer una supervisión agresiva podrían dar lugar a investigaciones penales o cargos, informa POLITICO.
Los destinatarios son los senadores Elissa Slotkin, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal y Adam Schiff, y el representante Robert Garcia. Se espera que Garcia presida el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y ha expuesto planes para investigar a Trump y sus asociados cuando los demócratas tomen el control de la Cámara en enero.
Reitz, fiscal federal del sur de Texas, dice que está llevando a cabo una investigación preliminar para determinar si las actividades previstas de los comités exceden los fines legítimos de la labor legislativa. Dijo que las cartas, en las que se pide a los legisladores que conserven documentos, se enviaron en coordinación con el Departamento de Justicia en Washington.
El Departamento lo ha respaldado y ha dicho que la supervisión no es una licencia para amenazar a ciudadanos particulares por ejercer sus derechos amparados por la Primera Enmienda.
The Hill informó de que la carta de Reitz a Slotkin citaba su comentario de que investigar posibles conductas indebidas del Gobierno podría enviar un «mensaje disuasorio» a quienes estuvieran interesados en trabajar en la Casa Blanca de Trump. Slotkin dijo que se refería a exigir responsabilidades por infringir la ley o malgastar el dinero de los contribuyentes, y pidió a Reitz que retirara la carta.
The Rothman Report dijo que la carta de Reitz a Schiff le pedía que conservara documentos y confirmara antes del 25 de noviembre que lo estaba haciendo, y advertía de posibles sanciones por incumplir la solicitud. Una petición de conservación de documentos no es un cargo penal ni una citación judicial.
Según el medio, la carta aludía a dos leyes federales de derechos civiles. Una se refiere a acuerdos entre dos o más personas para perjudicar, amenazar o intimidar a alguien que ejerce un derecho protegido; la otra tipifica como delito privar deliberadamente a alguien de un derecho protegido cuando se actúa en virtud de una autoridad gubernamental.
Stan Brand, ex asesor jurídico general de la Cámara de Representantes, dijo a POLITICO que los demócratas deberían hacer caso omiso de las cartas: «Suenan los sables, pero el sable no tiene filo». Steven Huefner, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio, también dijo que el Congreso podía ignorar las advertencias y señaló la protección constitucional de la actividad legislativa.
Los poderes de investigación del Congreso son amplios, pero no ilimitados. En el caso Watkins v. United States de 1957, el Tribunal Supremo dijo que una investigación debe servir a un fin legítimo del Congreso y no puede usarse simplemente para sacar a la luz asuntos privados. También señaló que los motivos de los miembros del comité, por sí solos, no invalidarían una investigación que sirviera a un propósito legislativo.
En 2023, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la recopilación informal de información por parte de un miembro del Congreso puede estar protegida por la cláusula constitucional de libertad de expresión o debate, pero no queda automáticamente amparada por ella. La cuestión depende de su relación con los procedimientos legislativos.
Steve Vladeck, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo a POLITICO que era poco probable que las cartas provocaran un enfrentamiento serio entre los poderes del Estado, pero esperaba que se plantearan impugnaciones importantes a la autoridad del Congreso cuando los demócratas empezaran a ejercer sus poderes de supervisión.
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