Las reformas del derecho de compra de vivienda en Inglaterra, cerca de las últimas fases parlamentarias
Los cambios propuestos al derecho de compra de vivienda en Inglaterra se acercan a las últimas fases parlamentarias, pero todavía no son ley. Elevarían a 10 años el periodo de tenencia necesario, reducirían los descuentos y protegerían las viviendas sociales de nueva construcción frente a la venta durante 35 años.

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Las reformas del derecho de compra de viviendas municipales en Inglaterra, que podrían restringir drásticamente su venta, se acercan a las últimas fases parlamentarias, pero todavía no están en vigor. Las propuestas ampliarían el tiempo que deben esperar los inquilinos antes de comprar, reducirían los descuentos y dejarían las viviendas sociales de nueva construcción fuera del programa durante 35 años.
Los cambios forman parte del proyecto de ley de vivienda social. Solo entrarán en vigor si el proyecto completa su tramitación parlamentaria y recibe la sanción real, según las orientaciones del Gobierno publicadas el 3 de noviembre. Todavía no se conoce la fecha de la sanción real.
Con las normas propuestas, el periodo de tenencia necesario aumentaría de tres a 10 años. Los descuentos partirían del 5% del valor de la vivienda y aumentarían un punto porcentual por cada año adicional de tenencia, hasta un máximo del 15% o del límite monetario aplicable, el que sea menor. Las viviendas sociales de nueva construcción no podrían comprarse hasta que hubieran transcurrido 35 años desde su construcción. El proyecto de ley también excluiría algunas viviendas rurales y viviendas municipales alquiladas a precios de mercado.
El Gobierno afirma que las reformas pretenden proteger la vivienda social y, al mismo tiempo, mantener una vía hacia la propiedad para los inquilinos de larga duración. En un debate de una comisión de la Cámara de los Comunes celebrado el 29 de octubre, el ministro de Vivienda, Matthew Pennycook, dijo que la evaluación de impacto del Gobierno preveía un aumento neto de 18.000 viviendas de alquiler social entre 2026 y 2036, frente a una pérdida neta prevista de 26.000 con el escenario de referencia anterior.
Se trata de una proyección, no de un recuento de viviendas ya entregadas. Los diputados discreparon sobre lo que el aumento previsto supondría para quienes esperan una vivienda. Un diputado conservador sostuvo que las viviendas que se conservaran no estarían recién disponibles para los inquilinos de las listas de espera y dijo que el proyecto de ley implicaría la construcción de menos viviendas nuevas. Pennycook afirmó que la estimación abarcaba el cambio neto en el número de viviendas sociales y defendió las reformas como una forma de evitar que el parque de viviendas se venda sin ser reemplazado.
El debate refleja la división de larga data sobre el derecho de compra. Según la BBC, desde la introducción del programa en 1980 se han vendido más de dos millones de viviendas a través de él en Inglaterra. Sus defensores destacan la oportunidad que ofreció a los inquilinos de tener una vivienda en propiedad y acumular patrimonio; sus críticos sostienen que se reemplazaron muy pocas de las viviendas vendidas, lo que redujo la oferta de vivienda social.
Los cambios propuestos no abolirían el programa para las viviendas existentes que cumplan los requisitos. Limitarían quiénes pueden acogerse a él y qué propiedades pueden comprarse mientras el Parlamento sigue examinando el proyecto de ley.
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