ANÁLISIS Y OPINIÓN DE IA
Ilustración editorialLos 310 mil millones de Trump no son un descuento en la factura de electricidad
La EPA prevé que las tarifas eléctricas podrían bajar con el tiempo tras eliminar las normas sobre emisiones. Pero los 310 mil millones de dólares miden otra cosa y dejan fuera los daños climáticos y para la salud.
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La defensa más sólida de la medida de Trump también es la más modesta: según su agencia ambiental, las tarifas eléctricas podrían bajar con el tiempo. Eso es distinto de que los clientes de electricidad pudieran ahorrar 310 mil millones de dólares, como afirma el artículo que compartió. Y también es distinto de demostrar que los estadounidenses saldrían ganando en términos netos. [1] [2]
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) decidió derogar una parte de las normas sobre CO₂ para las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles, aprobadas en 2024, incluidos los requisitos basados en la captura y el almacenamiento de CO₂. La derogación entrará en vigor el 16 de noviembre de 2026 y, cuando se publicó la publicación de Trump, aún no estaba vigente. Se trata de una decisión sobre el suministro eléctrico futuro, no de un ahorro ya conseguido. [3] [4]
De las ganancias del modelo a la factura de electricidad
Los 310 mil millones de dólares son una estimación de los costos evitados en el conjunto de la economía entre 2026–2047, expresada en dólares de 2024, en la que los efectos futuros se han actualizado para expresarlos en un valor comparable. El modelo mide los cambios en el valor real del consumo de bienes y servicios, así como del tiempo libre. Por tanto, no es una suma de descuentos en las facturas. Tampoco permite saber qué parte correspondería a cada cliente de electricidad. [5]
Para esos clientes, son más pertinentes las previsiones de precios por separado. La EPA prevé una reducción promedio del 2,2 por ciento en las tarifas para los usuarios finales entre 2030–2045. Para 2030, la agencia espera, en cambio, tarifas un 0,7 por ciento más altas. Estas son comparaciones con el escenario en el que las normas siguen vigentes, no cambios de precio respecto de hoy. Además, son promedios ponderados según el uso de electricidad en distintas regiones y grupos de clientes, no una promesa para cada hogar. Por tanto, una posible reducción posterior de los precios sí está respaldada. No lo está un descuento inmediato o igual para todos. [5]
Los costos que no aparecen en la factura de electricidad
El aumento de las emisiones no es una suposición exclusiva de los opositores. La propia EPA prevé que, en 2040, las centrales de los 48 estados contiguos de Estados Unidos emitirán alrededor de 533 millones de toneladas de CO₂ más que si se mantienen las normas. Esa es la diferencia para ese año, no para todo el período de la estimación. Además, el análisis señala efectos para la salud derivados de una mayor contaminación atmosférica, entre ellos las partículas finas y los óxidos de nitrógeno. [5]
En el análisis de la EPA, estos efectos climáticos y para la salud no se han valorado en términos monetarios. El modelo que sustenta los 310 mil millones no incorpora las consecuencias económicas de los cambios en la calidad ambiental. Por tanto, producir a menor costo no equivale a reducir todos los costos sociales. [5]
También quedan fuera de la suma monetaria los posibles beneficios. La EPA menciona una posible mejora de la confiabilidad del suministro y posibles beneficios para la salud derivados del menor uso de instalaciones de captura de CO₂, que por sí mismas pueden emitir ciertos contaminantes atmosféricos. La agencia no puede cuantificar esos cambios en las emisiones ni los beneficios para la salud. Por tanto, la cifra no es un balance completo de costos y beneficios sociales. [4] [5]
La organización ambiental Environmental Defense Fund calculó qué podrían significar para las personas esos contaminantes atmosféricos utilizando las estimaciones de emisiones de la EPA y el modelo de salud COBRA de la misma agencia. EDF estima que, entre 2030–2047, se producirían de forma acumulada alrededor de 51.000 a 84.000 muertes prematuras adicionales. Se trata de una estimación de modelo de una organización que se opone a la derogación, no de una cifra de muertes confirmada. [11]
Un gobierno puede decidir que ciertas normas sobre emisiones son demasiado costosas o técnicamente arriesgadas. Pero también debe asumir la responsabilidad por las consecuencias de una mayor contaminación. Al fin y al cabo, el cliente de electricidad que quizá pague menos es el mismo ciudadano que respira el aire. Su interés no termina en el medidor.
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