Los funcionarios de libertad condicional rechazan la oferta salarial y se niegan a hacer horas extra

Los funcionarios de libertad condicional de Inglaterra y Gales han votado a favor de rechazar una subida salarial del 5 % y de negarse a hacer horas extra a partir del 23 de noviembre, alegando que la puesta en libertad anticipada de presos está aumentando la presión sobre un servicio que ya está desbordado.

El sindicato Napo dijo que sus miembros también podrían ir a la huelga si lo considera necesario. Su secretario general, Ian Lawrence, afirmó que el servicio «ya estaba en crisis» antes de que comenzara el programa de puesta en libertad anticipada, y que el personal de libertad condicional se encarga de supervisar a las personas puestas en libertad en la comunidad.

El Ministerio de Justicia afirmó que el Gobierno había hecho una «oferta sólida» y que estaba contratando a 1.300 funcionarios adicionales para reducir la carga de trabajo. Dijo que los planes de contingencia garantizarían que los delincuentes siguieran recibiendo la misma supervisión rigurosa si el personal emprendía acciones sindicales.

El Gobierno introdujo las puestas en libertad anticipadas cuando las cárceles se acercaban a su capacidad máxima. Hasta ahora han sido puestos en libertad tres grupos: 700 presos que cumplían los requisitos el 1 de octubre, seguidos de grupos de 650 el 13 de octubre y el 10 de noviembre. Se espera que otros nueve grupos salgan de prisión durante los próximos siete meses, incluidas algunas personas que cumplen condenas más largas. La BBC informó de que se espera que 250 presos condenados a más de 12 años sean puestos en libertad el 9 de junio.

Napo afirma que se ha pedido a los funcionarios que apliquen programas de puesta en libertad anticipada introducidos por gobiernos laboristas y conservadores sin suficiente personal ni recursos. El Gobierno dice que los dispositivos de seguimiento electrónico y la supervisión de libertad condicional ayudarán a gestionar a quienes sean puestos en libertad anticipadamente.

Un informe de septiembre de la Inspección de Libertad Condicional de Su Majestad constató que casi la mitad de los dispositivos electrónicos utilizados para rastrear los movimientos de los delincuentes no se colocaban a tiempo. La prohibición de horas extra prevista por el sindicato se produce mientras el personal de libertad condicional afronta una carga de casos cada vez mayor vinculada al programa de puesta en libertad.