Los registros de los registros de Andrew fueron ilegales después de que la policía temiera que la reclamación de propiedad del rey pudiera retrasar la entrada
La posibilidad de alegar que la propiedad pertenecía al rey se planteó antes de los registros de febrero; no consta que Andrew presentara esa objeción. Más tarde se anularon las órdenes, pero la investigación por conducta indebida continúa.

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La policía de Thames Valley temía que Andrew Mountbatten-Windsor o sus abogados pudieran alegar que los agentes necesitaban un permiso aparte para registrar su residencia de Sandringham porque pertenecía al rey, según informaciones sobre documentos judiciales publicadas el viernes. La preocupación era un escenario planteado antes del registro, no una versión de que Andrew intentara impedirlo. Más tarde se aceptó que las órdenes obtenidas por la policía eran ilegales, aunque la investigación continúa. [2] [3] [1]
Un juez del Tribunal Penal Central emitió las órdenes el 18 de febrero. Al día siguiente, los agentes registraron Wood Farm, en la finca de Sandringham, y Royal Lodge, en Windsor, e incautaron documentos y dispositivos electrónicos. Andrew fue detenido bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y quedó en libertad mientras seguía bajo investigación ese mismo día. La investigación se refiere a acusaciones derivadas de sus tratos con Jeffrey Epstein; Andrew niega haber cometido irregularidades en relación con Epstein. [1] [2] [4]
En un pasaje citado por la Press Association a partir de documentos presentados por los abogados de Andrew, la policía dijo que él o su equipo jurídico podrían alegar que la propiedad de Sandringham pertenecía a «otra persona (el rey)» y que se necesitaba un permiso legal aparte. Los agentes sostuvieron que solicitarlo podía retrasar el registro y poner en riesgo la pérdida de pruebas. Los abogados de Andrew cuestionaron la expectativa policial de que no colaboraría y dijeron que los agentes no habían pedido acceso de antemano ni a él ni a su equipo jurídico. [3]
La resolución posterior se basó en otra cuestión. Las órdenes se emitieron al amparo del artículo 8 de la Ley de Policía y Pruebas Penales, que exigía que el juez que las autorizara tuviera motivos razonables para creer que el material buscado no incluía material protegido por el secreto profesional ni cierto material confidencial. La policía aceptó que el juez no podía haber quedado debidamente convencido de que se cumplía esa condición. El Tribunal Superior declaró ilegales las órdenes, los registros y las incautaciones; no necesitó pronunciarse sobre los otros cuatro motivos de impugnación de Andrew. [1]
La policía ha solicitado por separado autorización para conservar el material incautado, y Andrew se opone a esa solicitud. El juez esperaba que se celebrara una vista a puerta cerrada en 2027. La anulación de las órdenes no ha puesto fin a la investigación y aún no se ha decidido si la policía puede conservar el material. [1]
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