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Orden de Trump obliga a contratistas federales a informar a la Casa Blanca de las solicitudes del Congreso

La orden exige a los contratistas que informen de las solicitudes del Congreso y sigan instrucciones para retener comunicaciones consideradas privilegiadas. El lenguaje más amplio de su política va más allá de los requisitos específicos que impone a los contratistas.

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La orden ejecutiva de Donald Trump del 20 de noviembre obliga a informar a la Casa Blanca de las solicitudes del Congreso dirigidas a contratistas federales, y contempla posibles sanciones contractuales para quienes no la cumplan. La medida llega mientras los demócratas se preparan para investigar a su administración tras sus victorias en las elecciones de mitad de mandato.

La orden exige a los contratistas federales que notifiquen de inmediato a la Casa Blanca y a la agencia contratante cualquier solicitud pendiente o futura del Congreso relacionada con sus comunicaciones o su trabajo con el poder ejecutivo. También abarca a los subcontratistas que trabajan en contratos federales.Verificado en el originalTambién abarca a los subcontratistas que trabajan en contratos federales.It also covers subcontractors working on federal contracts. PROTECTING THE EXECUTIVE'S PRIVILEGES AND ENHANCING EFFICIENCIES IN FEDERAL CONTRACTING – The White HouseLa orden exige a los contratistas federales que notifiquen de inmediato a la Casa Blanca y a la agencia contratante cualquier solicitud pendiente o futura del Congreso relacionada con sus comunicaciones o su trabajo con el poder ejecutivo.The order requires federal contractors immediately to notify the White House and the contracting agency about any pending or future congressional request concerning their communications or work with the executive branch. PROTECTING THE EXECUTIVE'S PRIVILEGES AND ENHANCING EFFICIENCIES IN FEDERAL CONTRACTING – The White House

Los contratistas deben seguir las instrucciones de retener las comunicaciones que la Casa Blanca o la agencia hayan determinado que están protegidas por el privilegio ejecutivo, un principio destinado a proteger cierta información confidencial del poder ejecutivo. Las agencias deben coordinar sus respuestas con la Casa Blanca y los contratistas.

POLITICO informó de que se prohibía a los contratistas facilitar información al Congreso sin instrucciones explícitas de la Casa Blanca. La sección de política de la orden pide prevenir y prohibir las divulgaciones no coordinadas, pero la disposición específica sobre los contratistas se refiere a las instrucciones de retener comunicaciones consideradas privilegiadas; no establece una obligación general de obtener la aprobación previa de la Casa Blanca para toda divulgación. No está claro cómo se aplicará la política más amplia.

La Casa Blanca sostiene en la orden que la coordinación protege la información confidencial y evita duplicar el trabajo y los litigios. En caso de incumplimiento, las agencias deben considerar medidas apropiadas, entre ellas la posible rescisión o cancelación de contratos y la suspensión o exclusión de contratistas. La Oficina de Gestión y Presupuesto debe elaborar directrices para su aplicación.Verificado en el originalLa Oficina de Gestión y Presupuesto debe elaborar directrices para su aplicación.The Office of Management and Budget must develop guidance on implementation. PROTECTING THE EXECUTIVE'S PRIVILEGES AND ENHANCING EFFICIENCIES IN FEDERAL CONTRACTING – The White House

Los demócratas han prometido investigar la gestión de la Administración de los archivos de Epstein, las subvenciones federales para desastres y los vínculos empresariales de la familia Trump, según informa POLITICO. El demócrata de California Robert Garcia, a quien se prevé que dirija la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha señalado como prioridad las investigaciones sobre las empresas de criptomonedas de Trump.

POLITICO afirma que no está claro si la orden es legal ni si puede hacerse cumplir, incluso en lo que respecta a la posibilidad de imponer nuevas condiciones a contratos vigentes. También plantea si un contratista puede invocar el privilegio ejecutivo para desatender una citación del Congreso o de un tribunal.

La orden señala que debe aplicarse de forma compatible con la legislación vigente, pero no contempla ninguna excepción específica para las denuncias de irregularidades presentadas ante el Congreso. POLITICO informa de que las directrices podrían entrar en conflicto con las leyes que protegen a los empleados y contratistas federales de represalias por denunciar ante el Congreso presuntos despilfarros, fraudes o abusos.

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