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Trump promete pagar los anuncios, pero no está claro cuándo cambiará la financiación

Trump dice que sustituirá la financiación pública de los anuncios por dinero propio y fondos recaudados para MAGA Inc., pero después de su promesa siguieron emitiéndose anuncios que identificaban al Gobierno como pagador.

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¿Qué ha cambiado? · 8/10/26, 1:32 UTC

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El Gobierno de Trump está emitiendo anuncios de televisión con dinero que el Congreso aprobó para mejorar la seguridad fronteriza, combatir el narcotráfico y financiar memoriales en honor a agentes muertos en acto de servicio, informó The Washington Post el 1 de octubre, citando registros federales de gastos. [1]

Los anuncios empezaron a emitirse el 23 de septiembre, informó Axios. AP describió uno de 30 segundos como prácticamente idéntico a un anuncio de la campaña de Trump de 2024, pero con un cierre que identifica al Gobierno de EE. UU. como pagador. [5] [4]

AP informó de que el Departamento de Seguridad Nacional había comprometido 20 millones de dólares para la campaña publicitaria. Una ficha de datos de contratos federales registra 20 millones de dólares comprometidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para una «National Media Campaign» con fecha del 20 de septiembre. Esa obligación no equivale al importe ya pagado por emitir los anuncios de televisión. [3] [2]

La Casa Blanca afirma que los anuncios no son anuncios de campaña, alegando que Trump no es candidato en las elecciones y que no incluyen una llamada a la acción. [6]

Los senadores Patty Murray y Chris Murphy sospechan que se utilizó una partida de 20 millones de dólares para «Actos conmemorativos» y han pedido detalles de los gastos y los contratos. Por separado, dos demócratas de la Cámara de Representantes han pedido a organismos federales de control que investiguen el gasto y posibles infracciones de la Ley Hatch. [7] [8]

Actualización

El 5 de octubre, Trump dijo que pagaría los «Anuncios patrióticos, entre otros» con su propio dinero y con fondos que había recaudado para el supercomité de acción política MAGA Inc., en lugar de usar fondos del Gobierno de EE. UU. No indicó cuándo se produciría el cambio ni se comprometió a reembolsar los gastos anteriores. [10]

El anuncio llegó tras las críticas de ambos partidos. Los senadores republicanos John Kennedy y John Thune se opusieron a utilizar dinero de los contribuyentes para los anuncios. Sin embargo, la senadora republicana Cynthia Lummis se opuso a que se considerara una resolución demócrata contra su financiación pública, alegando que presidentes anteriores habían recurrido a anuncios de servicio público. [17] [18] [19]

Associated Press informó de que un anuncio emitido el 6 de octubre todavía llevaba un aviso que indicaba que lo había pagado el Gobierno de EE. UU. Una persona no identificada que conocía la campaña dijo a AP que los espacios contratados antes de la promesa de Trump terminarían más tarde esa semana, y que después pagarían grupos externos. En una demanda presentada el 7 de octubre, el Comité Nacional Demócrata alegó que ese día también se emitieron anuncios identificados como financiados por el Gobierno. [14] [11]

AP informó de un contrato de 20 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional para la campaña. También citó la estimación de la empresa de seguimiento publicitario AdImpact, que calculaba en más de 12 millones de dólares el coste de emitir los anuncios. Esa estimación no es un total auditado de los pagos del Gobierno. Al preguntarle el 6 de octubre si devolvería los fondos ya gastados, Trump respondió: «Ya lo decidiremos». Reuters informó al día siguiente de que la Casa Blanca dijo que su comité de acción política no reembolsaría a los contribuyentes los anuncios ya emitidos. [14] [15] [16]

La demanda del Comité Nacional Demócrata busca impedir que se sigan utilizando fondos asignados para los anuncios; AP informó de una segunda impugnación judicial presentada el 7 de octubre. La Casa Blanca afirma que los anuncios son de servicio público, no de campaña, alegando que Trump no es candidato en las elecciones y que no incluyen una llamada a la acción. Las demandas alegan que el gasto es ilegal; su presentación no demuestra que se haya producido una infracción. [11] [14] [6]

Los anuncios contratados antes de la promesa podrían seguir emitiéndose sin que eso demuestre que después se encargaron nuevos espacios financiados por el Gobierno. No está claro cuándo empezará el pago privado ni cuánto acabará pagando el Gobierno por las contrataciones anteriores.

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