Un juez argentino archiva antes del juicio la causa penal contra Milei por $LIBRA
El juez consideró que no había motivos suficientes para los presuntos delitos del caso $LIBRA, pese a las pérdidas de los inversores tras el desplome del token.

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El juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi archivó el viernes 23 de octubre la causa penal contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y otras nueve personas por la criptomoneda $LIBRA. La decisión pone fin al proceso contra ellos en esta causa sin que haya juicio. No significa que los inversores no sufrieran pérdidas.
La investigación se inició tras una publicación de Milei en X el 14 de febrero de 2025 en la que promocionaba un proyecto vinculado a $LIBRA. El precio del token subió con fuerza y luego se desplomó en cuestión de horas. Las denuncias alegaban fraude y cuestionaban si funcionarios habían mantenido tratos indebidos con personas detrás del proyecto.
El juez aceptó la petición del fiscal Eduardo Taiano de archivar la causa. Según las crónicas del fallo publicadas por Palabras del Derecho, Infobae y EFE, consideró que la investigación no había establecido los elementos necesarios para los presuntos delitos. Un respaldo presidencial, una subida del precio y las pérdidas posteriores no bastaban por sí solos para probar el fraude: se necesitaban pruebas de un engaño concreto que hubiera llevado a la gente a comprar el token y causado sus pérdidas. El juez también consideró que no había pruebas suficientes de que Karina Milei hubiera cobrado por organizar reuniones con el presidente.
La investigación examinó más que las fluctuaciones del precio del token. EFE y El País informaron de que los investigadores recuperaron del teléfono de una persona investigada un borrador de contrato valorado en unos 5 millones de dólares que involucraba a Milei y al creador de $LIBRA, Hayden Davis. Infobae informó de que el juez consideró que no había documentación que demostrara la existencia de un acuerdo confidencial entre ambos.
Milei celebró la decisión y acusó a sus críticos de utilizar el caso con fines políticos. El diputado opositor Maximiliano Ferraro, que había pedido una investigación, acusó al juez y al fiscal de ignorar pruebas. Esas acusaciones no cambian lo que decidió el tribunal, pero las consecuencias procesales del caso aún no están resueltas: Infobae informó de que la Cámara Federal de Casación tenía pendientes solicitudes para reincorporar como partes a inversores excluidos.
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