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Un juez prohíbe a la Administración Trump amenazar a los trabajadores electorales por las papeletas

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La orden temporal limita la presión federal sobre los funcionarios que tramitan papeletas de votantes que, según alega el Gobierno, no reúnen los requisitos. La Administración ha recurrido.

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Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado a la Administración de Donald Trump que deje de amenazar a los trabajadores electorales por las papeletas emitidas por votantes inscritos a quienes el Gobierno acusa de no reunir los requisitos. La orden temporal llega antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La jueza Trina L. Thompson dictó la orden el 30 de octubre, después de que sindicatos y grupos de derechos civiles demandaran a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional. Consideró probable que funcionarios federales hubieran infringido la prohibición de la Ley del Derecho al Voto de intimidar a quienes ayudan a otras personas a votar.

La orden prohíbe a las agencias amenazar o coaccionar a funcionarios estatales y locales para que dejen de tramitar papeletas únicamente porque el Gobierno alega que los votantes no reúnen los requisitos. También les prohíbe exigir, solo por ese motivo, que se aparten las papeletas o se dejen sin contar, así como amenazar con procesar a los funcionarios que se nieguen a cumplir esas exigencias.

Thompson dijo que los trabajadores electorales ya estaban sufriendo un daño irreparable y que este podía extenderse a decenas de miles de votantes debidamente inscritos. Su fallo era provisional, no una sentencia definitiva. No prohíbe todas las investigaciones ni citaciones judiciales, pero exige que el Departamento de Justicia informe al tribunal sobre ciertas solicitudes y citaciones pendientes relacionadas con material electoral.

El caso se produce después de que funcionarios federales pidieran a las autoridades de California que apartaran papeletas vinculadas a unas 20.000 personas que, según afirma la Administración, podrían no ser ciudadanas estadounidenses. Las autoridades de California dicen que la lista no es fiable y que probablemente incluye a ciudadanos. En otro caso, el 30 de octubre, un tribunal federal de apelaciones rechazó la petición del departamento de que se separaran esas papeletas.

Thompson actuó sin escuchar antes la respuesta del Gobierno, aludiendo a la proximidad de las elecciones. Un portavoz del Departamento de Justicia criticó esa decisión ante CBS News y la calificó de «sistema de justicia de dos vías». El Gobierno recurrió la orden de Thompson el 31 de octubre.

La orden original fija para el 13 de noviembre una audiencia sobre una medida cautelar de más larga duración y establece como fecha de vencimiento el 16 de noviembre.

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