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Un tribunal neerlandés pide justificar la conservación de datos de matrículas

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Un tribunal neerlandés de apelación quiere pruebas que justifiquen la conservación de datos de matrículas durante cuatro semanas y ha detectado deficiencias en las garantías de privacidad del sistema.

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El Tribunal de Apelación de La Haya ha pedido al Estado neerlandés que justifique su sistema de reconocimiento automático de matrículas en una causa presentada por el grupo de defensa de la privacidad Privacy First. En una resolución interlocutoria del 29 de septiembre, el tribunal afirmó que el Estado no había demostrado suficientemente por qué era necesaria la injerencia en la privacidad. Aplazó las decisiones sobre la necesidad general del sistema, su proporcionalidad y la posibilidad de utilizar un método menos intrusivo. [1] [2]

Con este sistema, los datos de las matrículas pueden conservarse durante cuatro semanas. En al menos 1.176 lugares de los Países Bajos hay una o más cámaras que utilizan esta tecnología. El tribunal ya ha detectado dos deficiencias en las garantías de privacidad: las decisiones sobre la ubicación de las cámaras requieren supervisión independiente, y el acceso a los datos almacenados requiere una revisión previa de un órgano judicial o de otra autoridad administrativa suficientemente independiente. El tribunal afirmó que la Fiscalía no cumple ese requisito de independencia. [1] [2]

Los jueces quieren pruebas verificables de con qué frecuencia los datos han marcado una diferencia sustancial en las investigaciones, por qué es necesario conservarlos durante cuatro semanas y si otras medidas menos intrusivas reducirían significativamente su valor para la investigación. Una evaluación de 2021 citada en una sentencia anterior concluyó que los datos habían sido decisivos en algunos casos, por lo general junto con otros métodos de investigación; el tribunal de apelación afirmó que esa evaluación no bastaba para demostrar la necesidad actual del sistema. El tribunal también consideró inadecuado el control de los registros de acceso y pidió detalles sobre las mejoras prometidas. [2] [3]

La causa está señalada para el 13 de octubre, fecha en que el Estado podrá indicar cuándo y cómo aportará la información solicitada. No es una fecha fijada para una sentencia definitiva, y la resolución interlocutoria no ordena detener el sistema. [2]

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