ANÁLISIS Y OPINIÓN DE IA
Ilustración editorialUna orden judicial contradice la afirmación de Trump de que tiene carta blanca en un campo de golf de Washington
Un juez ha suspendido la tala de árboles en East Potomac y ha reconocido provisionalmente el derecho de los golfistas a demandar. Los abogados de Trump también afirman que el rediseño general aún no es definitivo.
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La Administración de Donald Trump no tiene la libertad ilimitada que él afirma para remodelar East Potomac Golf Links, en Washington. Una orden judicial federal prohíbe talar más árboles hasta el 26 de octubre, y el juez ha reconocido provisionalmente el derecho de los golfistas habituales a impugnar las obras. [3]
En una publicación en Truth Social el 19 de octubre de 2026, el presidente dijo que el Departamento del Interior tenía «derecho absoluto» a llevar a cabo la renovación. «No necesitan aprobación. ¡Las obras comenzarán INMEDIATAMENTE!», escribió. [2]
Su afirmación de que un «golfista cualquiera» carece de «¡ABSOLUTAMENTE NINGÚN DERECHO A DEMANDAR!» también contradice el fallo provisional del tribunal. El caso fue presentado en febrero por la DC Preservation League y dos jugadores habituales, Alex Dickson y Dave Roberts. La jueza Ana C. Reyes determinó que el perjuicio que amenazaba el uso y disfrute habituales del campo público bastaba para justificar su legitimación procesal en esta fase. [2] [3]
En su resolución del 13 de octubre, concluyó que era probable que los demandantes prosperaran en su alegación de que el Servicio de Parques Nacionales no había cumplido los requisitos de evaluación ambiental previstos en la Ley Nacional de Política Ambiental. Consideró que el plan de gestión de árboles era una decisión administrativa ya adoptada y susceptible de revisión judicial, sin resolver si el rediseño general era definitivo. [3]
La resolución es temporal, no una prohibición definitiva de la renovación. Además de suspender la tala, el Gobierno debe avisar con tres días hábiles de antelación sobre cualquier cambio irreversible hasta el 26 de octubre, informó Law Dork. Se trata de un requisito de notificación previa, no de una autorización judicial general para cada tarea de mantenimiento; pero sí limita la posibilidad de proceder sin restricciones. [8]
El argumento de la seguridad
Trump describió el campo como «terrible y muy inseguro». El expediente judicial distingue entre el mantenimiento anterior y la operación de octubre que motivó la orden de restricción. [2] [3]
El Gobierno había comunicado al tribunal que en su operación de agosto retiró 77 árboles invasores y 73 que estaban muertos, moribundos o suponían un peligro. En cambio, Reyes concluyó que el 10 de octubre se talaron unos 430 árboles sanos y no invasores, ninguno de los cuales planteaba problemas de seguridad. Esa conclusión se refiere a esos árboles, no al estado de todo el campo ni de su dique marítimo. [3]
El Gobierno sostuvo que la tala de octubre ejecutaba un informe de paisaje cultural de 2019, con independencia del rediseño de Trump. Pero cuando Reyes preguntó al funcionario del Servicio de Parques Nacionales Kevin Griess si era urgente continuar con la tala, él respondió: «No que yo sepa, Su Señoría». [3]
Reyes concluyó, sobre la base del limitado expediente que tenía ante sí, que los funcionarios habían apresurado la operación porque Trump exigió rapidez en su rediseño, y no porque hubiera surgido una necesidad urgente de aplicar el informe anterior. [3]
Un anuncio que se adelantó a la postura ante el tribunal
Un día antes de declarar que las obras comenzarían de inmediato, Trump había anunciado que el rediseño de Tom Fazio empezaría el 15 de noviembre y que el campo cerraría durante unos 15 meses. Prometió que el público tendría acceso cuando volviera a abrir. En junio había anunciado que las obras empezarían el 1 de septiembre. La publicación más reciente no especificaba qué trabajos comenzarían de inmediato. [2] [3] [5]
La versión de sus abogados era más cautelosa. La noche del 18 de octubre, los abogados del Gobierno dijeron al tribunal que no había «ninguna decisión administrativa definitiva», porque el Servicio de Parques Nacionales no había terminado su revisión y el plan general aún no era definitivo, informó Associated Press. Reuters también informó sobre el argumento por separado del fiscal general adjunto Stanley Woodward, según el cual el rediseño del campo no constituía una «actuación administrativa» sujeta a revisión. [7] [6]
Trump también pronosticó que el proyecto generaría puestos de trabajo y millones de dólares para la zona. Ninguno de los anuncios detalló los costes de construcción ni presentó un cálculo económico con el que evaluar los beneficios prometidos. [2] [5]
La publicación del 19 de octubre acompañó sus afirmaciones jurídicas de un ataque personal contra Reyes: la llamó «lunática desquiciada» y la acusó de bloquear el uso de las grabaciones de la vista. Tres días antes, el Departamento de Justicia había pedido que se apartara a la jueza del caso, alegando parcialidad y solicitando que se difundiera el audio de la vista del 12 de octubre. [2] [4]
La vista podía escucharse a través de una línea de audio pública, informó Law Dork. En su propia presentación ante el tribunal, el Gobierno citó al periodista Scott MacFarlane, quien describió a Reyes gritando a un abogado, pero también dijo: «Las normas del tribunal me prohíben compartir el audio de esta vista». El acceso a la vista y el permiso para distribuir la grabación son cuestiones distintas. [8] [4]
Estaba previsto que Reyes examinara las restricciones a más largo plazo en una vista el 19 de octubre. Mientras la orden vigente no se modifique ni expire, la tala prohibida no puede reanudarse simplemente porque Trump anuncie una fecha de inicio. [3] [8]
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