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Una experta de la ONU afirma que la mayoría de las más de 100.000 personas muertas en el conflicto de Myanmar eran civiles. Un recuento anterior contabilizó fallecidos de todos los bandos, pero no permite determinar qué proporción eran civiles.
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La relatora especial de la ONU Kelley Anne Eckels-Currie dijo ante la Tercera Comisión de la Asamblea General el 27 de octubre que más de 100.000 personas habían muerto en el conflicto de Myanmar desde el golpe militar de febrero de 2021. Afirmó que la inmensa mayoría eran civiles y advirtió de que los ataques se habían intensificado bajo el liderazgo militar de Min Aung Hlaing.
El umbral de 100.000 muertos no se divulgó por primera vez en esa reunión. En julio, AFP informó de que el observatorio de conflictos ACLED había registrado 100.114 muertes desde el golpe, en todos los bandos enfrentados. No está claro si Eckels-Currie utilizó ese recuento para su estimación.
La distinción es importante para su afirmación sobre los civiles. ACLED dice que sus cifras no identifican sistemáticamente qué grupo sufrió las muertes registradas en cada incidente, por lo que el total no permite establecer qué proporción eran civiles. Sus estimaciones se basan en informes de violencia, sin una verificación independiente sobre el terreno.
Otras organizaciones contabilizan distintos grupos de víctimas. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos dijo que, hasta el 27 de octubre, la junta y los grupos promilitares habían matado a 8.614 personas, entre ellas civiles y activistas prodemocracia. ISP-Myanmar registró al menos 9.443 muertes de civiles en el contexto del conflicto armado entre el golpe y mayo de 2025. Ninguna de las dos cifras mide la proporción de civiles entre todas las muertes en el conflicto hasta octubre de 2026; sus distintos alcances también impiden comparar directamente los totales.
La comisión escuchó advertencias más amplias sobre la continuidad de la violencia. Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar, dijo que investigaba ataques que habían alcanzado viviendas, hospitales y escuelas, así como un número creciente de denuncias contra grupos armados opuestos al ejército. La enviada de la ONU Julie Bishop instó a los países que mantienen contactos con las autoridades militares de Myanmar a procurar que cese la violencia y que los trabajadores humanitarios puedan acceder sin trabas.
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