La oposición a los centros de datos de EE. UU. llega a las papeletas de las elecciones de mitad de mandato

En las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, los votantes de ocho estados de EE. UU. deberán pronunciarse sobre 39 medidas locales relacionadas con centros de datos, según Stateline. Algunas prohibirían estas instalaciones; otras modificarían las normas de zonificación o exigirían la aprobación de los votantes. La oposición también se ha convertido en un tema de las campañas estatales y federales, aunque las medidas locales no permiten predecir quién ganará esas contiendas.

Una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst ayuda a explicar la presión sobre los candidatos. De las 1.000 personas encuestadas en agosto, el 65% se oponía a construir un centro de datos de IA en su propia comunidad y el 11% lo apoyaba. La oposición cruzaba las líneas partidistas: el 76% de los demócratas y el 52% de los republicanos rechazaban un proyecto local. La encuesta preguntaba por instalaciones de IA cercanas, no por todos los centros de datos ni por el sentido del voto de los encuestados. El margen de error indicado era de 3,5 puntos porcentuales.

La magnitud de la demanda eléctrica da peso al debate. El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley estima que los centros de datos de EE. UU. consumieron 192 teravatios hora en 2024, el 4,7% de la electricidad del país. En su escenario de referencia, la proporción llegaría al 11,8% en 2030, pero se trata de una previsión, no de un consumo ya registrado. Las cifras nacionales no permiten determinar si un proyecto concreto elevará las facturas locales; eso depende, en parte, de cómo se financien el nuevo suministro y las mejoras de la red.

La respuesta legislativa es considerable, pero las cifras requieren cautela. Una lista de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, actualizada el 15 de septiembre, recoge propuestas en 16 estados para detener o restringir el desarrollo de centros de datos. Incluye medidas que figuran como fracasadas o vetadas, junto con proyectos de ley presentados y uno aprobado por una legislatura. Eso no significa que haya 16 prohibiciones en vigor ni que las 16 propuestas sigan en consideración.

Quienes apoyan estos proyectos destacan la inversión, los ingresos fiscales y el empleo; sus detractores también plantean preocupaciones por el consumo de agua, la contaminación, el ruido y el uso del suelo. En un análisis que comparó condados con centros de datos terminados con otros en los que se habían anunciado proyectos luego cancelados, investigadores de Brookings estimaron que un condado que recibe su primera gran instalación suele sumar entre 100 y 200 empleos. Observaron mayores aumentos relacionados con las telecomunicaciones en torno a instalaciones grandes gestionadas por empresas que en torno a centros que alquilan espacio a otras compañías. Esa estimación no constituye una promesa de empleo para ningún nuevo proyecto.

Las empresas tecnológicas están respondiendo con promesas de mayor transparencia y beneficios locales, informa Associated Press. También se han comprometido a cubrir los costes de la infraestructura eléctrica, una cuestión examinada en