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El Gobierno neerlandés propone exigir tres meses de trabajo en otro país europeo antes de que se pueda desplazar a trabajadores de fuera de la UE a empleos en los Países Bajos. Está previsto que los cambios entren en vigor en julio de 2027.
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El Gobierno neerlandés prevé exigir que los trabajadores de fuera de la UE hayan trabajado al menos tres meses en otro país europeo antes de que se les pueda desplazar temporalmente a un empleo en los Países Bajos. El cambio propuesto pretende frenar el uso indebido de las normas sobre empleo transfronterizo y proteger a los trabajadores y las empresas que cumplen la normativa neerlandesa.
El ministro de Asuntos Sociales y Empleo, Hans Vijlbrief, dijo al Parlamento que el Gobierno quiere facilitar a la Inspección de Trabajo neerlandesa la comprobación de que los desplazamientos son legítimos. El plan también contempla exigir que el permiso de trabajo y residencia de un trabajador en el país que lo envía siga siendo válido durante más tiempo que su empleo temporal en los Países Bajos, para que pueda regresar allí después.
El Gobierno afirma que algunos empleadores utilizan actualmente esta vía para traer directamente a los Países Bajos a trabajadores de fuera de la UE a través de empresas de otros países europeos, donde los requisitos para obtener permisos pueden ser menos estrictos. Como ejemplo, menciona a un ciudadano bielorruso enviado a trabajar a los Países Bajos por una empresa polaca. Según el Gobierno, esta práctica puede dejar a los trabajadores expuestos a recibir un salario inferior al debido y generar competencia desleal, porque los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social no se pagan en los Países Bajos.
Según el Gobierno, el número de trabajadores de fuera de la UE desplazados a los Países Bajos pasó de unos 18.000 en 2021 a más de 29.000 en 2025. Afirma que la cifra real es mayor, porque una investigación de Panteia constató que no se notificó a cerca del 38 % de los trabajadores desplazados.
Los empleadores podrían ser multados si un desplazamiento no cumple las normas. El Gobierno espera que los cambios entren en vigor en julio de 2027; la propuesta se someterá a consulta pública el 7 de noviembre.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno sobre migración laboral, que también pretende reducir la demanda de empleos mal remunerados, aprovechar a los trabajadores que ya están disponibles en los Países Bajos y centrar la migración en la mano de obra necesaria para la prosperidad futura.
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