Experto de la ONU insta a abandonar las «economías de guerra» mientras el órgano de derechos humanos alerta de limitaciones de financiación

Un experto de las Naciones Unidas instó a los gobiernos y las empresas a desviar las inversiones de lo que llamó «economías de guerra» y orientarlas hacia la paz, mientras el presidente del Consejo de Derechos Humanos advirtió de que las limitaciones de financiación están obstaculizando el trabajo del organismo.

Surya Deva, relator especial de la ONU sobre el derecho al desarrollo, dijo ante la Tercera Comisión de la Asamblea General que el gasto militar mundial alcanzó unos 2,9 billones de dólares en 2025. Según dijo, ese año se registraron 65 conflictos entre Estados en 35 países, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, y sostuvo que «más armas no significan más paz».

Deva dijo que algunos Estados y empresas se benefician de los conflictos, entre otras cosas mediante las armas, la tecnología y la construcción. Pidió reforzar la diplomacia preventiva y los sistemas de alerta temprana, exigir responsabilidades por los crímenes internacionales y reformar el Consejo de Seguridad. Según dijo, su propuesta de una economía de paz también debería abordar la injusticia social y los agravios de quienes se han quedado atrás.

En la reunión también se renovaron los llamamientos a que el derecho al desarrollo sea jurídicamente vinculante. Zamir Akram, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, dijo que un pacto propuesto debería pasar de la fase de proyecto a su aprobación por la Asamblea General. Según explicó, las restricciones presupuestarias de la ONU redujeron a cuatro días el tiempo de reunión del grupo de trabajo, lo que le impidió interactuar con varios expertos.

El presidente del Consejo de Derechos Humanos, Sidharto Reza Suryodipuro, dijo que el Consejo había aprobado 100 resoluciones, celebrado una sesión especial y convocado tres debates urgentes. Pidió una financiación adecuada y previsible, así como más apoyo para la participación de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares, y para una participación segura y abierta de la sociedad civil.

Los delegados discreparon sobre los mandatos del Consejo relativos a países concretos. Los países nórdicos y bálticos, junto con Uruguay, advirtieron de que los recortes y la falta de financiación podrían debilitar la supervisión de los derechos humanos y las respuestas a situaciones urgentes. China, Venezuela y Cuba criticaron los mandatos impuestos sin el consentimiento de un Estado; Israel acusó al Consejo de carecer de universalidad y pidió que se pusiera fin a los mandatos específicos relativos a Israel y al Territorio Palestino Ocupado.

El debate se produce tras una discusión anterior en la Asamblea General sobre el informe anual del Consejo, en la que los participantes también expresaron preocupación por la financiación y la protección de los derechos humanos. En el debate anterior