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Los jueces tendrán nuevos poderes para castigar a quienes no acudan a la sentencia

El año que viene, los jueces de Inglaterra y Gales tendrán nuevos poderes para restringir las visitas en prisión y confinar en sus celdas a los presos que se nieguen a asistir a la lectura de su sentencia. Las medidas buscan que los condenados se enfrenten en el tribunal a las familias de sus víctimas, pero el Prison Reform Trust ha cuestionado su eficacia y ha advertido del impacto que podrían tener en los familiares.

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El año que viene, los jueces de Inglaterra y Gales tendrán nuevos poderes para castigar a los presos que se nieguen a asistir a la lectura de su sentencia, entre ellos mantenerlos en sus celdas hasta tres semanas o restringir las visitas sociales durante casi tres meses.

Las medidas amplían una ley vigente que permite multar o encarcelar hasta dos años por desacato al tribunal a quienes no acudan a la lectura de su sentencia. El Ministerio de Justicia afirma que, por sí solas, las penas de cárcel más largas quizá no disuadan a quienes ya están en prisión.

Con los nuevos poderes, los jueces también podrían prohibir las visitas sociales durante casi un mes y retirar otros privilegios penitenciarios durante más tiempo. En el caso de los presos de entre 18 y 20 años, podrían imponerse restricciones similares durante periodos más cortos. Las visitas de los hijos de los presos quedarían exentas.

La ministra de Prisiones, Catherine McKinnell, dijo que los condenados no deberían poder «elegir cuándo se enfrentan a la justicia». Describió la negativa a asistir a la lectura de la sentencia como un insulto a las víctimas y a sus familias.

Pia Sinha, directora ejecutiva del Prison Reform Trust, pidió pruebas de que las sanciones aumentarían la asistencia. Advirtió de que restringir las visitas podría castigar a los familiares de los presos, que «no han cometido ningún delito».

La comisionada para las Víctimas, Claire Waxman, celebró el anuncio y dijo que las familias habían trabajado incansablemente para impedir que los condenados eludieran enfrentarse a la justicia. Añadió que era esencial que los tribunales y las prisiones aplicaran los poderes de manera coherente.

El cambio llega tras las peticiones de familias cuyos seres queridos fueron asesinados por personas que no acudieron a la lectura de la sentencia, entre ellas las familias de Sabina Nessa, Zara Aleena y Jan Mustafa.

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