Delegados de la ONU, divididos sobre el proyecto de límites a la inmunidad de funcionarios estatales

La Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU ha escuchado opiniones muy discrepantes sobre un proyecto de normas que retiraría la inmunidad frente a la jurisdicción penal extranjera a funcionarios estatales acusados de ciertos delitos internacionales, entre ellos la agresión, la esclavitud y la trata de esclavos.

La Comisión de Derecho Internacional mantuvo una lista no exhaustiva de delitos a los que no se aplicaría la inmunidad funcional y añadió los tres delitos en su revisión de 2026, explicó al comité su relator especial, Claudio Grossman. Dijo que todos los proyectos de artículo se habían aprobado por unanimidad.

Canadá afirmó que la práctica de los Estados respaldaba algunas excepciones por delitos graves, aunque no todas en la misma medida, en particular las añadidas más recientemente. Arabia Saudí sostuvo que la gravedad de un delito, por sí sola, no establecía una excepción, y advirtió de que la lista propuesta podría politizar los procesos penales en el extranjero. Serbia dijo que algunos aspectos de la cuestión seguían siendo controvertidos y propuso debatirlos más en una conferencia internacional.

Croacia y Lituania acogieron con satisfacción la inclusión de la agresión, citando su experiencia de agresión en los años noventa. El representante de Croacia dijo que el delito solía ir acompañado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y expresó su esperanza de que los proyectos de artículos aportaran mayor seguridad jurídica. El representante de Italia dijo que la inmunidad debía considerarse junto con la evaluación preliminar de la jurisdicción, que puede variar de un Estado a otro.

El debate del comité forma parte de su examen del informe anual de la Comisión. También ha oído llamamientos a proteger los derechos de las personas afectadas por el aumento del nivel del mar. Gambia se describió como especialmente vulnerable por ser un Estado costero de baja altitud, mientras que Costa Rica afirmó que el aumento del nivel del mar no debía menoscabar la soberanía estatal.

La Sexta Comisión inició el 26 de octubre su examen de dos semanas del trabajo de la Comisión. La ONU describe la cobertura de sus reuniones como información para los medios, no como un acta oficial.