Un demócrata de la Cámara pide documentos sobre las investigaciones de Trump a la aplicación de las leyes migratorias
Robert Garcia ha pedido a figuras actuales y anteriores de la administración Trump que conserven documentos, mientras los demócratas se preparan para ampliar el escrutinio de la aplicación de las leyes migratorias cuando tomen el control de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El 18 de noviembre, Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, escribió al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; a la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al exasesor del departamento Corey Lewandowski. Se espera que Garcia dirija la comisión cuando los demócratas tomen el control en enero.
En su carta a Miller, Garcia alegó que la violencia y los abusos del Departamento de Seguridad Nacional se habían cometido bajo su dirección y dijo que Miller había impulsado cuotas de detenciones migratorias. Las cartas a Noem y Lewandowski también aluden a investigaciones sobre posibles casos de corrupción y violencia por parte de agentes del departamento.
Las cartas piden a sus destinatarios que conserven los documentos pertinentes. No son citaciones judiciales y no exigen que se entreguen los documentos de inmediato.
El Congreso puede solicitar testimonios y documentos mediante citaciones judiciales y puede exigir su cumplimiento ante los tribunales. Pero no puede presentar cargos penales por sí mismo, y remitir un caso al Departamento de Justicia no obliga a este a procesarlo. La abogada de inmigración Lindsay Toczylowski, cuya organización representa a varios venezolanos deportados, dijo a MS NOW: «La rendición de cuentas no es lo mismo que poner fin a las deportaciones masivas».
El asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, había advertido anteriormente a Garcia que las amenazas o los procedimientos concebidos únicamente para intimidar a funcionarios podían constituir un delito. La Casa Blanca afirma que está dispuesta a colaborar con la supervisión que considera legítima, pero no con investigaciones que considera motivadas políticamente.
Los tiroteos de Minneapolis
Entre quienes esperan que haya un mayor escrutinio está Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, cuya oficina ha investigado las muertes de Renée Good y Alex Pretti durante operaciones migratorias en Minneapolis. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra Good el 7 de enero de 2026; agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon contra Pretti el 24 de enero.
Moriarty dijo a MS NOW que esperaba que una audiencia del Congreso ayudara a obtener pruebas que su oficina no tenía. Los demócratas de la comisión ya habían examinado las muertes en un informe, y la familia de Good también ha presentado una demanda por su muerte.
La Fiscalía del Condado de Hennepin dijo que recibió en julio pruebas que antes se le habían retenido, pero que la cooperación federal y el intercambio de pruebas cesaron poco después. En octubre, funcionarios de Minnesota dijeron que seguían solicitando material, incluidos los teléfonos de los agentes y grabaciones de entrevistas.
Tras la muerte de Good, funcionarios federales dijeron que el agente había actuado en defensa propia. En octubre, abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el departamento tenía discrecionalidad para no compartir información con las autoridades estatales. AP informó entonces de que no se habían presentado cargos penales por ninguno de los dos tiroteos mortales.
Deportaciones a El Salvador
Defensores de los derechos de los inmigrantes también quieren que el Congreso examine las deportaciones de hombres venezolanos a la prisión de máxima seguridad CECOT de El Salvador en marzo de 2025. Algunos fueron expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de guerra que rara vez se utiliza. Los deportados dijeron a MS NOW que fueron golpeados y torturados durante su detención.
ProPublica y sus socios periodísticos investigaron a 238 hombres enviados al CECOT y obtuvieron datos del Gobierno estadounidense que muestran que al menos 197 no habían sido condenados por ningún delito en Estados Unidos. Los medios hallaron menos de una docena de condenas adicionales en Estados Unidos y en el extranjero que no aparecían en esos datos.
La administración ha calificado a los hombres de peligrosos miembros de pandillas. Los periodistas encontraron que los funcionarios se basaron en gran medida en los tatuajes para vincular a los hombres con la pandilla Tren de Aragua; expertos en aplicación de la ley les dijeron que los tatuajes, por sí solos, no indicaban pertenencia a una pandilla. La ausencia de una condena en Estados Unidos no demuestra si alguien pertenece a una pandilla.
El juez federal James Boasberg determinó que se había negado el debido proceso a un grupo de venezolanos deportados a El Salvador. En febrero, ordenó al Gobierno facilitar el regreso desde terceros países de los demandantes que quisieran continuar sus casos; al llegar, quedarían bajo custodia estadounidense.
Una investigación aparte sobre un posible desacato relacionado con los vuelos de deportación fue bloqueada por un panel de tres jueces de apelación. En septiembre, el pleno del tribunal de apelaciones volvió a examinar el asunto y el Departamento de Justicia pidió que se pusiera fin a la investigación, informó Reuters.
El exdetenido Andry Hernández Romero dijo a MS NOW que quería regresar para continuar sus procedimientos de asilo, interrumpidos. «Para mí, la justicia significaría estar de vuelta en Estados Unidos», dijo.
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